Claro que tiene toda la razón la Junta de Andalucía cuando culpa al Ayuntamiento de la responsabilidad de los hechos que acabaron propiciando el asesinato de un joven. Es el Consejero de Justicia de la Junta quien atribuye la causa indirecta de la muerte a las autoridades municipales, ya que una ley de 2006 acerca de las reuniones de jóvenes que beben en la vía pública regula qué debe hacerse y eso no se ha cumplido. Y si el Ayuntamiento considera que quienes han fallado son los policías municipales encargados de la seguridad deben comunicarlo a la ciudadanía, pero parece que la policía ha cumplido las órdenes que ha emitido el Ayuntamiento, luego la máxima autoridad municipal en seguridad o el Alcalde son los principales responsables de que se haya producido una reunión ilegal multitudinaria que ha degenerado en un crimen. A todo esto, una vez más, como en la mayoría de los casos, la autoridad judicial que compete a la fiscal jefe de Sevilla ha fallado por omisión, ya que los medios de comunicación no han informado de que la fiscal haya intervenido para averiguar los hechos que tienen relevancia pública y no solo privada. Insistimos en que cuando logremos el poder municipal no dejaremos de imputar a los culpables directos o indirectos de la muerte de una vida joven que vino a Sevilla a divertirse, mientras que la autoridad irresponsable consintió que al final se produjera un triste desenlace.