Ha tenido que ser una abogada quien inicie demanda contra el Ayuntamiento por la muerte del joven de La Puebla de Cazalla. Lo tenía que haber hecho la fiscal jefe, ya que es un asunto socialmente relevante, peligroso porque puede reiterarse, y por tanto es la misión de una fiscal jefe asumir la búsqueda de la responsabilidad municipal indirecta en un crimen así. ¿Qué mejor acción? Pero no ha intervenido, haciendo dejación de su obligación. Menos mal que gracias a los medios de comunicación se ha insistido en la responsabilidad del Ayuntamiento en las concentraciones de jóvenes para emborracharse, encuentros que están prohibidos legalmente, y después de la tragedia irreparable parece que el delegado de seguridad del Ayuntamiento sevillano ya ha tomado alguna iniciativa al respecto. Mas no es sólo que deba intervenir una vez; debe intervenir en todas; para eso cobra el delegado de seguridad ciudadana, y si no sabe hacerlo debe ser cesado, ya que no debe haber ningún crimen más en nuestra ciudad en tales borracheras. Claro que, como dice ABC de 20 de abril de 2011, un juez lleva tres años con un procedimiento contencioso paralizado, en relación al mismo asunto. Tiene mucho trabajo, eso sí, pero es que el principio de prioridad existe y hay que aplicarlo; no se pueden amontonar expedientes sin priorizarlos, porque es una irracionalidad. No se nos va de la mente aquel juez que tampoco sabía de prioridades, y por su culpa fue violada y asesinada una niña, ya que tenía mucho trabajo y no sabía ordenarlo. La verdad es que nos planteamos si la escuela judicial ha olvidado en concepto prioridad en las lecciones que imparte a los futuros jueces. (20-4-11)